Cientos de establecimientos de nuestros país están enfrentando días críticos en medio de la contingencia.
La crisis sanitaria ha golpeado fuertemente la economía de muchos hogares, quienes al no contar con la posibilidad de mantener sus ingresos, incluso han tenido que retirar a sus hijos de sus establecimientos educativos.
Por esto, muchos colegios están enfrentando severas dificultades económicas a la hora de cubrir sus costos.
En opinión de una Sostenedora de la ciudad de Valdivia, los Sostenedores necesitan un salvavidas “porque nos estamos ahogando”.
A continuación nos gustaría presentarle una opción que, si bien no es un salvavidas, puede ser la mejor forma de sobrellevar esta crisis.
Pero antes, veamos qué es lo que se tramita desde el Gobierno. Muchos Sostenedores sienten que las autoridades los han dejado en la más completa indefensión.
Al respecto, el pasado 28 de abril se presentó en el congreso un Proyecto de Ley que busca permitir que los directivos de colegios particulares y subvencionados puedan reunirse con los apoderados para revisar el valor de matrículas y colegiaturas, atendiendo su realidad económica.
A la fecha de este correo, dicho Proyecto se encuentra en tramitación en el Congreso, habiéndose postergado su votación.
La situación es tan crítica que muchos establecimientos podrían enfrentarse directamente a la quiebra.
En palabras de Hernán Herrera, presidente de la CONACEP, “si todos los apoderados reaccionaran masivamente con el no pago, la mayoría de los colegios caería en falencia financiera, lo que implicaría el quiebre de estos establecimientos educacionales o el despido de gran parte del personal”.
Sin duda es un escenario complejo, ya que de quebrar un establecimiento, no es solo un emprendimiento que se pierde, sino un colegio menos para el país cuando se restablezca la normalidad.
¿Qué se puede hacer en este escenario en que no hay certezas?
Como han planteado diversas organizaciones, la alternativa más idónea parece ser el buscar acuerdos con la comunidad educativa.
En este sentido, Hernán Herrera propone otorgar ayuda a aquellas familias que no pueden continuar pagando sus mensualidades producto de la pérdida de su fuente laboral, para buscar formas de reducción o posponer el pago.
Uno de los riesgos de no adoptar una postura como ésta, es la judicialización del problema.
Hemos constatado casos donde la Corte de Apelaciones ha ordenado suspender el cobro de mensualidades pactadas a establecimientos educativos, luego que apoderados presentaran recursos de protección, amparados en que se estaban cobrando servicios que el establecimiento no estaba dando.
Para evitar escenarios como éstos, LSC se encuentra asesorando a establecimientos educacionales en la creación de planes financieros de contingencia en ayuda de la comunidad educativa.
Estos planes permiten al Sostenedor contar con el soporte legal para crear programas de apoyo a sus estudiantes y familias, buscando soluciones que permitan la mantención del servicio educativo, evitando quiebras o judicializaciones.
Ante la ausencia de mayores respuestas del Gobierno, y las peticiones de ayuda de algunos Sostenedores, es imperativo para nosotros poner nuestro conocimiento a disposición.
Por eso, hemos creado este servicio para ayudarlo a enfrentar la crisis con mayor tranquilidad y precaución.
Si lo requiere, hoy Ud. puede anticiparse para asegurar la mantención de su Proyecto Educativo.
Puede dejarnos un mensaje y comenzar a recibir asesoría para ofrecer soluciones de pago a su comunidad educativa.
Jorge Lagos
Abogado – LSC Group
(Fuentes: cooperativa.cl, conacep.cl, senado.cl, diariofutrono.cl, diarioeldia.cl).
