Descripción del Caso
Una docente que fue desvinculada interpone una demanda por vulneración de derechos en contra de una Corporación Educacional por una supuesta censura que habría sido objeto al otorgar una entrevista a un medio de comunicación sobre un proyecto de aula móvil. La demanda, que fue seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, buscaba que se declarara a la Corporación como culpable de haber vulnerado el derecho a la libertad de expresión, pidiendo una indemnización ascendente a un total de $16.078.053.
La defensa jurídica de la Corporación Educacional se centró en que la desvinculación de la docente no se debió a la supuesta censura alegada, sino al vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo (artículo 159 Nº 4 del Código del Trabajo). La defensa recalcó que esta es una facultad exclusiva del empleador, de renovar o no un determinado contrato, los cuales pueden extenderse a plazo hasta por 2 años, sin que los convierta en indefinidos. En el caso de una Corporación Educacional, también influye la adhesión que pueda tener un docente al Proyecto Educativo Institucional por tanto, al tomar esta decisión, la Corporación no vulneró derecho alguno.
El juez que conoció esta causa acogió la postura planteada por la defensa de la Corporación Educacional, señalando que las pruebas aportadas al procedimiento indicaban que la decisión de desvinculación de la docente se había tomado antes de la supuesta censura sufrida, y en los hechos, dicha censura no se corroboró.
La defensa de la docente interpuso un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de San Miguel, señalando que la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel se habría pronunciado con infracción manifiesta a las normas sobre apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, que además existió una modificación de la calificación jurídica de los hechos y que se habría corroborado una infracción de ley que influyó substancialmente en lo dispositivo del fallo. Sin embargo, la Corte de Apelaciones razona que no existieron tales vulneraciones ni infracciones, considerando que lo que existe más bien es un cuestionamiento a lo razonado por el juez, y no una causal que invalide la sentencia.
De esta forma, se confirma la sentencia a favor de la Corporación Educacional, evitando el pago de los $16.078.053 que se solicitaban como indemnización.
